BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que instruya a los tribunales inferiores para que no dispongan traslados de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad al Hospital Militar Central "Cosme Argerich", ni a otros centros de salud militares. Así se confirmó desde la cartera de Justicia, cuyo titular recomendó que en esos casos sean derivados al Hospital Penitenciario Central I del Complejo Federal de Ezeiza.
En la nota al titular de la Corte, Alak subraya que "se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado". El ministro se refirió a los hechos que son de público conocimiento, sobre la fuga de dos internos desde el Hospital Militar, el ex mayor Jorge Olivera y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, que cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión, respectivamente.
Sostuvo que es necesario que se cumplan "con eficacia las resoluciones judiciales de restricción de la libertad de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad".
En atención a ello, solicitó a Lorenzetti el dictado de una acordada, por la que se regule la situación de los condenados por lesa humanidad que necesiten tratamientos médicos, y se instruya a los tribunales inferiores.
Medidas de seguridad
Alak subraya que se cuenta con las garantías necesarias para el tratamiento médico de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, se realicen en el Hospital Penitenciario Central I, que está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria. Y ante la eventualidad de que un detenido requiera de otras especialidades que no figuren en planta del Hospital Penitenciario, se sugirió que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria para brindar el tratamiento correspondiente.
La solicitud ante la Corte se concretó luego de que el propio Alak informara que el director del Servicio Penitenciario presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de la Capital Federal, para que se investigue la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, De Marchi y Olivera,.
El Ministerio dispuso recompensas de $ 2 millones para quienes aporten datos que permitan lograr la captura de los represores. (Télam)